La grave crisis hídrica que enfrenta Uruguay ha generado un mensaje alarmante en las calles. Durante una protesta, una joven manifestante sostenía un cartel con el lema “¡Atención, no tomar agua!” y un dibujo de un vaso tapado por la señal roja de prohibición.
Este mensaje refleja los temores de la población uruguaya ante la peor sequía en más de 70 años y su preocupación por quedarse sin agua potable o disponer solo de agua de baja calidad para el consumo humano, debido al cambio climático y la falta de precipitaciones.
La falta prolongada de lluvias y la disminución drástica de las reservas han obligado a las autoridades uruguayas a mezclar el agua del estuario del Río de la Plata con la poca agua almacenada. Sin embargo, esta mezcla resultante tiene niveles elevados de sodio y cloruros, lo cual preocupa a la ciudadanía y ha llevado a protestas exigiendo el derecho al agua.
Además, para garantizar el suministro, las autoridades han aumentado temporalmente el límite permitido de sodio según las normas locales. Sin embargo, esta situación ha generado preocupación entre los manifestantes, como Jorge Damian Muslera, quien expresó que se sienten obligados a beber agua sucia. El consumo de agua con estas características no es recomendado para grupos vulnerables como embarazadas y personas con enfermedades renales crónicas, insuficiencia cardíaca, cirrosis o hipertensión arterial. Ante esta situación, la población ha incrementado el consumo de agua embotellada.
Muchos atribuyen la escasez de agua también al mal estado de las infraestructuras, que ocasiona la pérdida de agua potable a través de cañerías dañadas o filtraciones. La crisis hídrica afecta principalmente al sur del país, donde reside gran parte de la población, especialmente en la capital Montevideo y su área metropolitana, hogar de 1,8 millones de los 3,5 millones de uruguayos.
La represa del Paso Severino, principal proveedor de agua para la capital, ha alcanzado niveles críticos de reserva. Según el último informe de Obras Sanitarias del Estado (OSE), la presa cuenta con solo un 10% de su capacidad total. Aunque las lluvias del 26 de mayo permitieron una leve extensión de las reservas, la situación sigue siendo muy crítica.
La crisis hídrica ha generado tensiones políticas entre el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou y la oposición del Frente Amplio (FA), de centroizquierda, con acusaciones mutuas sobre la gestión del agua. El FA sostiene que el gobierno ignoró un plan presentado por el expresidente Tabaré Vázquez a Lacalle Pou, mientras que la administración actual está buscando empresas privadas para construir una planta potabilizadora que abastezca la zona metropolitana con agua del Río de la Plata.
El gobierno ha anunciado medidas para enfrentar la crisis, incluyendo la adquisición de una planta desalinizadora, la aceleración de las reparaciones de las redes de cañerías y la habilitación de una planta para la producción de sachets de agua potable destinados a la población más vulnerable. El exministro de Ambiente, Adrián Peña, ha señalado que las administraciones anteriores no comprendieron completamente la dimensión del problema del agua y que, aunque se han realizado inversiones, no han sido suficientes.
