El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció el miércoles la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones anticipadas. En una transmisión nacional de radio y televisión, Lasso invocó el artículo 148 de la Constitución, que le otorga la facultad de disolver el órgano legislativo en situaciones de crisis política y conmoción interna.
El mandatario explicó que la decisión se basa en la necesidad de avanzar sin obstáculos en medio de una Asamblea que, según él, busca desestabilizar al Gobierno y a la democracia. Lasso enfatizó que esta medida devuelve el poder de decisión al pueblo ecuatoriano, ya que se adelantarán las elecciones legislativas y presidenciales. El Consejo Nacional Electoral tiene siete días para convocar las elecciones.
Durante el proceso electoral y hasta la posesión de las nuevas autoridades, el presidente gobernará mediante decretos durante un período de seis meses, de acuerdo con el artículo 148 de la Constitución. Además de la disolución de la Asamblea, Lasso emitió el Decreto Ejecutivo 741 sobre la muerte cruzada y el Decreto Ejecutivo 742, que propone la “Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar” y será enviado a la Corte Constitucional para su evaluación.
Lasso afirmó que esta medida permitirá al Gobierno centrarse en atender las necesidades de las familias ecuatorianas y recuperar la esperanza y la tranquilidad. Con esta acción, Lasso se convierte en el primer presidente en declarar la muerte cruzada en Ecuador.
El juicio político en su contra
El anuncio de la disolución de la Asamblea Nacional se produjo mientras se llevaba a cabo un juicio político en su contra. Lasso es acusado de peculado (malversación de fondos públicos) por un contrato firmado durante el gobierno anterior. El presidente calificó el juicio político como infundado y afirmó que sus acusadores buscan tomar la presidencia y usurpar los poderes del Estado.
El contrato en cuestión fue suscrito entre la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la compañía internacional Amazonas Tanker Pool. Aunque el caso se remonta a 2018, durante el gobierno de Lenín Moreno, se acusa a Lasso de haber firmado un nuevo contrato el año pasado a pesar de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado. Se estima que las pérdidas para el sector público ascienden a 6 millones de dólares.
Lasso ha negado la existencia de contratos o adendas firmadas durante su gobierno y ha calificado el juicio político como un proceso sin pruebas y ilegal. Tras la disolución de la Asamblea, el presidente aseguró que el país continúa funcionando con normalidad y que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el sector privado mantienen sus actividades habituales.