En el año 2022, se evidenció un retroceso en el acceso a la información en diversas entidades federativas de México, siendo Colima (53.9%), Yucatán (56.9%), y Jalisco (58%) las más afectadas con los porcentajes más bajos de entrega de información.
Datos Reveladores del Inegi
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que se atendieron 391,372 solicitudes de acceso a la información por parte de las instituciones de las administraciones públicas estatales durante el año 2022. Sin embargo, solo se entregó información en un 67.9% de los casos, marcando un descenso significativo de 4.9 puntos porcentuales desde el 72.8% registrado en 2015.
Tendencia a la Baja en la Entrega de Información Completa o Parcial
Los datos recopilados por el Inegi señalan una tendencia a la baja en la entrega de información completa o parcial en respuesta a las solicitudes. En 2016, se respondieron 205,886 solicitudes con un 76% de entrega de información, y en 2017, con 261,734 peticiones, la cifra bajó al 70.8%.
Para los años 2018 y 2019, el Inegi no disponía de datos, pero en 2020 y 2021, la entrega de información disminuyó a un 56.9% y 56.3%, respectivamente.
Respuestas Diversas y Preocupantes
En el marco del Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, el Inegi destacó que, durante 2022, la incompetencia por parte de los sujetos obligados a nivel estatal se registró en un preocupante 16.6% de los casos.
Las respuestas variadas incluyeron un 2.9% de respuestas de otro tipo, un 3% de casos donde se declaró la inexistencia de información, un 2.1% de negaciones por clasificación, y un 7.5% de respuestas no identificadas.
Variaciones Significativas por Localidad
El Inegi identificó notables variaciones por localidad en cuanto a la entrega de información. Guanajuato, Aguascalientes y Sonora destacaron positivamente con porcentajes de entrega de información del 96.1%, 93.3%, y 91.4%, respectivamente, a lo largo del año pasado.
En contraste con estas entidades, Colima, Yucatán, y Jalisco enfrentaron desafíos sustanciales en garantizar un acceso adecuado a la información, marcando así una preocupante disparidad en la transparencia y disposición de datos en el ámbito estatal.
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